Un informe de la contraloría Municipal, en cabeza de María Cecilia Frasser Arrieta en el que se enumeran varios hallazgos tiene enfrentada a la funcionaria con el rector de la Institución Educativa Róbinson Pitalúa, Jorge Acosta Arias.

El tome y dame ‘jurídico’ va desde la resolución 127-20 del 26 de junio de 2020 de la contraloría sobre lo detectado en el colegio al auditar los contratos por urgencia manifiesta hasta la denuncia penal, ante la Fiscalía por el delito de prevaricato por acción, de ayer 21 de julio y la querella disciplinaria, ante la Procuraduría, en contra de Frasser Arrieta.

Todo se deriva de los hallazgos expuestos en la Resolución 127-20 del 26 de junio de 2020 de la Contraloría sobre los contratos auditados en el marco de la declaratoria de Urgencia Manifiesta por el Covid-19.

Según el ente de control estos no contaron estudios previos, que evidenciará la justificación y descripción de la necesidad de suscripción de los mismos.

Y el ente detecta cuatro hallazgos con presunta incidencia disciplinaria por falta de supervisión y control e incumplimiento a disposiciones legales generales, lo que motivó a «Emitir pronunciamiento DESFAVORABLE respecto a la contratación suscrita, por la I. E. Robinsón Pitalúa con ocasión de la urgencia manifiesta».

Con informe de ZR.

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