El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Gobernación de Antioquia firmaron un convenio que busca la restauración de más de 1000 hectáreas de bosque y la siembra de 1.025.000 árboles nativos en áreas degradadas por la extracción ilícita de minerales y otros factores en la subregión del Bajo Cauca antioqueño.

“Apenas hace cuatro meses estuvimos en El Bagre, en una zona del Bajo Cauca donde vimos más 100.000 hectáreas de suelo degradado por la extracción ilícita de minerales; en ese momento, nos pusimos un reto: restaurar más de 10.000 hectáreas y sembrar casi 25 millones de árboles en esas áreas. Hoy el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible aporta 10.000 millones de pesos para un equivalente de un millón de árboles y 1000 hectáreas. Por supuesto, esto generará una reactivación económica alrededor de los municipios del Bajo Cauca”, aseguró el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Carlos Eduardo Correa.

A través del Fondo Colombia en Paz y con la inversión anunciada por el ministro se implementarán diferentes sistemas forestales para crear las condiciones de una economía formal y legal en el Bajo Cauca, que reduzca la presión sobre los bosques y permita ofrecer oportunidades de desarrollo inclusivo en territorios convulsionados, al tiempo que recupere algunas de las funciones ecosistémicas que se han perdido debido a los disturbios a los que se han visto sometidos los ecosistemas.

Las acciones de restauración ecológica se adelantarán en Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá, Cáceres y Zaragoza, municipios pertenecientes al Bajo Cauca antioqueño. Con esto se generarán importantes beneficios ambientales locales al recuperar el recurso del suelo, prevenir la erosión y los altos impactos ambientales al alcanzar una significativa captura de carbono.

Con la plantación de 1.025.000 árboles nativos se realizará un gran aporte a la estrategia del Gobierno Nacional de sembrar 180 millones de árboles al 2022 (se han plantado 67.188.800 árboles). Además, se aportará a la reactivación económica del país generando más de 220 empleos directos para la región.

Este convenio, cuyo periodo de ejecución es de 12 meses contados a partir de su firma, nace con el propósito de contrarrestar la inequidad social y las grandes afectaciones ambientales que han sufrido estos municipios a raíz de la extracción minera ilegal. El Minambiente y la Gobernación de Antioquia realizarán una intervención integral que atenderá las necesidades ambientales de la zona para proveer alternativas a sus habitantes.

Esta importante inversión suma al compromiso del Gobierno Nacional y de las autoridades ambientales de hacer que el país reduzca en un 51 % las emisiones de Gases de Efecto Invernadero al año 2030, y alcance la carbono-neutralidad al 2050.

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